Chile está viviendo una transformación sin precedentes. A lo largo de su extenso y diverso territorio, se está gestando una revolución energética. Esta se extiende desde el desierto solar del norte hasta los vientos patagónicos del sur. Tiene el potencial de redefinir no solo nuestra matriz energética, sino también nuestras estructuras sociales y productivas. Pero esta transición no puede, ni debe, ser solo “verde”. Debe ser también justa.
La transición energética justa no es una consigna ideológica ni un concepto de moda. Es una necesidad urgente. Se trata de reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias. Al mismo tiempo, debemos asegurar equidad, inclusión social y oportunidades económicas para todas las personas. Esto es especialmente importante para aquellas comunidades históricamente afectadas por el extractivismo y la contaminación.
Como bien advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
“Una transición energética justa requiere considerar no solo los impactos ambientales y económicos, sino también los impactos sociales, asegurando que nadie quede atrás” (PNUD, 2023).
Chile está avanzando. Nuestra política energética al 2050 ya plantea metas claras. Un 70% de participación de energías renovables en la matriz para 2030. Además, se busca una total descarbonización para 2040. Pero, ¿qué significa esto en la vida concreta de las personas?
De zonas de sacrificio a territorios de esperanza
El ejemplo de Quintero-Puchuncaví es paradigmático. Tras décadas de contaminación por parte de industrias termoeléctricas, refinerías y fundiciones, hoy se plantea un cambio histórico. Se propone la salida progresiva de estas industrias contaminantes. Esto abrirá paso a proyectos de hidrógeno verde, energías renovables e innovación sustentable. Sin embargo, las comunidades lo tienen claro: no puede haber transición sin reparación.
En este contexto, la diputada Camila Musante ha enfatizado la necesidad de integrar el medio ambiente en la legislación chilena:
“Nuestro derecho en general no tiene un enfoque o una mirada hacia el medio ambiente. Eso sí es un problema, porque no podemos entender el medio que nos rodea como una cuestión que hay que legislar de manera singular, sino que tiene que ser en conjunto con las otras normas” (Radio JGM, Universidad de Chile, 2023).
Y no están solas. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostienen que:
“Para que una transición energética sea efectiva, debe ser socialmente inclusiva y respetar los derechos de las comunidades locales” (BID, 2023).
Empleo verde, capacitación y nuevos roles productivos
Según cifras del Ministerio de Energía, más de 400 mil empleos podrían generarse en Chile de aquí al 2050. Este crecimiento está en el marco de la transición energética. Principalmente, se enfocará en sectores como energía solar, eólica, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Pero este crecimiento requiere una estrategia seria de capacitación laboral.
Aquí entran en juego instituciones de educación técnico-profesional, programas de reconversión laboral y alianzas público-privadas. El desafío es inmenso, pero también lo es la oportunidad. Según IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables),
“los países que inviertan ahora en educación y formación técnica para las energías limpias tendrán una ventaja competitiva en el nuevo orden energético global” (IRENA, 2023).
Justicia territorial y distribución de beneficios
No basta con instalar paneles solares o aerogeneradores. Debemos democratizar la energía, permitiendo que los territorios generen, gestionen y se beneficien directamente de los recursos energéticos. Las cooperativas energéticas locales son un ejemplo. Los techos solares comunitarios también son un ejemplo. Los fondos de inversión en infraestructura social en zonas con nuevos proyectos renovables son otra iniciativa. Estos son pasos en la dirección correcta.
“Chile puede convertirse en líder en América Latina si logra que su transición energética se base en un modelo de gobernanza participativa y justicia territorial”, afirma Paulina Aldunce, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
¿Y el hidrógeno verde?
Uno de los pilares estratégicos de esta transición es el hidrógeno verde. Hay inversiones multimillonarias y una estrategia nacional. Promete convertirnos en exportadores líderes para 2040. Sin embargo, el debate no está cerrado. ¿Será una oportunidad real para el desarrollo local o solo otro ciclo extractivo más?
El desafío será garantizar que esta nueva industria integre principios de sostenibilidad. También debe respetar el uso del agua. Además, involucre a las comunidades. Y diversifique la economía territorial. No hacerlo sería repetir errores del pasado.
Te invitamos a leer el artículo: Chile y el hidrógeno verde: oportunidades y desafíos
Chile puede hacerlo (pero no solo)
En tiempos donde el mundo busca soluciones climáticas urgentes, Chile puede demostrar que una transición energética verde es posible. Es justa y participativa también. También es deseable. Esto implica coraje político, innovación tecnológica, inversión sostenida, pero sobre todo voluntad ética.
Desde Tiempos Sustentables, creemos que la pregunta no es si la transición energética debe ocurrir. La pregunta es: ¿cómo aseguramos que esta transformación mejore realmente la vida de las personas? ¿Cómo beneficiamos especialmente a quienes más lo necesitan?
La transición energética ya empezó. Asegurémonos de que avance con justicia.
