En tiempos marcados por crisis climáticas, desigualdad estructural y creciente desconfianza hacia las instituciones, los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) enfrentan un reto urgente: dejar de ser una casilla técnica o una herramienta de marketing. Hoy más que nunca, las métricas ESG deben ser instrumentos de transformación profunda, capaces de reflejar no solo desempeño financiero o ecológico, sino también valores éticos fundamentales como la igualdad, la justicia social y los derechos humanos (UN Global Compact, 2023).
La sostenibilidad real requiere ir más allá de reducir emisiones o cumplir con regulaciones. Implica construir relaciones justas con las personas, con las comunidades y con el planeta. Por eso, presentamos siete métricas clave que permiten evaluar si una empresa está verdaderamente comprometida con un desarrollo justo y sostenible.
La primera es la igualdad de género y la diversidad en todos los niveles. No puede hablarse de sostenibilidad si persisten brechas salariales por género, si las mujeres y personas LGBTIQ+ no están representadas en los espacios de liderazgo o si no existen mecanismos eficaces para prevenir la violencia y el acoso. Según el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial (2024), las mujeres ocupan solo el 32.2% de los puestos de liderazgo a nivel global, y las desigualdades se profundizan cuando no se recogen datos con enfoque interseccional. Los Women’s Empowerment Principles de ONU Mujeres ofrecen indicadores concretos para medir avances en este ámbito (UN Women, 2021).
El segundo eje es el respeto y la promoción activa de los derechos humanos. Esto abarca desde condiciones laborales dignas hasta la debida diligencia en toda la cadena de suministro. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (ONU, 2011) establecen que las empresas deben identificar, prevenir y remediar impactos negativos sobre las personas, ya sea de forma directa o indirecta. La Guía de la OCDE sobre conducta empresarial responsable (2018) también enfatiza que estas acciones deben estar integradas en todos los procesos corporativos.
Una tercera métrica esencial es la reducción de la huella de carbono. Pero no basta con medir emisiones: es necesario comprender que la crisis climática es también una crisis de justicia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2023) advierte que las poblaciones más vulnerables son las que menos han contribuido al calentamiento global y, sin embargo, sufren sus peores consecuencias. La mitigación climática, entonces, debe ser parte de un enfoque ético, orientado a corregir desigualdades globales históricas.
El uso responsable de los recursos naturales representa el cuarto componente. Agua, energía, minerales y suelos deben gestionarse con eficiencia y con respeto por los territorios y las comunidades. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, 2022) y el Water Stewardship Guide del Pacto Global (2020) señalan la importancia de considerar los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones sobre recursos, y de aplicar el principio de consentimiento libre, previo e informado.
La salud, seguridad y bienestar laboral conforman otra métrica fundamental. No basta con evitar accidentes: es clave promover entornos laborales saludables, con condiciones físicas, mentales y emocionales adecuadas. La norma ISO 45001 (ISO, 2018) establece un marco integral para evaluar estos aspectos. Además, el informe Healthy Workplaces de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) resalta que políticas inclusivas, flexibilidad laboral y espacios libres de violencia contribuyen a la productividad sostenible.
La ética empresarial, la transparencia y la lucha contra la corrupción no son solo exigencias legales, sino elementos estructurales de una gobernanza responsable. Transparency International (2024) documenta cómo la corrupción debilita la confianza ciudadana y agrava la desigualdad. Por eso, los estándares GRI 205 y 102 recomiendan medir y reportar políticas anticorrupción, conflictos de interés y mecanismos de rendición de cuentas de forma pública y auditada (GRI, 2021).
Finalmente, la relación con comunidades y la participación significativa son elementos centrales. No se trata de “hacer donaciones”, sino de establecer alianzas genuinas, escuchar activamente y permitir que las comunidades influyan en las decisiones que afectan sus vidas. La Corporación Financiera Internacional (IFC, 2012) define la participación significativa como un proceso continuo de diálogo, basado en respeto y equidad, que debe comenzar antes de iniciar cualquier operación con potencial impacto social o ambiental.
Estas métricas no son una fórmula mágica, pero sí una guía para replantear lo que entendemos por éxito empresarial. En un mundo que exige coherencia, colocar los derechos humanos y la equidad de género en el corazón de las estrategias ESG no es solo una buena práctica: es una necesidad urgente y estratégica.
Las empresas que desean avanzar en esta dirección pueden apoyarse en herramientas internacionales ampliamente validadas como los estándares GRI, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de la ONU o las guías de la OCDE. Estos instrumentos ofrecen metodologías claras, indicadores específicos y marcos comparables para medir el impacto y construir una sostenibilidad centrada en la justicia social.
Bibliografía y recursos recomendados:
- EITI. (2022). Transparency in extractive industries. Extractive Industries Transparency Initiative. https://eiti.org/
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). GRI Standards 102: General disclosures & 205: Anti- corruption. https://www.globalreporting.org/
- Greenhouse Gas Protocol. (n.d.). Corporate standard. World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. https://ghgprotocol.org/corporate-standard
- International Finance Corporation (IFC). (2012). Performance standards on environmental and social sustainability. World Bank Group. https://www.ifc.org/
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Sixth assessment report. https://www.ipcc.ch/
- International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. https://www.iso.org/standard/63787.html
- Naciones Unidas. (2011). Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas de «proteger, respetar y remediar». Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). Violence and harassment at work: a practical guide for employers. https://www.ilo.org/publications/violence-and-harassment-work- practical-guide-employers
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2018). Guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de- la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s.f.). Business and human rights. https://www.undp.org/rolhr/business-and-human-rights
- Transparency International. (2024). Corruption perceptions index 2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2024
- UN Women. (2021). Women’s Empowerment Principles gender gap analysis tool. https://weps- gapanalysis.org/
- World Economic Forum. (2024). Global gender gap report 2024. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/
Erika Alvarez Velásquez
Máster en derechos humanos y educación para la paz y especialista en género y desarrollo sostenible.
