Tiempos Sustentables On-Air
Cada respiración que damos es un acto de confianza en nuestro entorno. Inhalamos sin pensarlo, como si el aire limpio fuera un regalo eterno. Pero, ¿y si ese aire—tan esencial, tan íntimo— llegara contaminado?
En realidad, ya lo está para millones de personas. En este contexto, defender un entorno sano no es un capricho ni una utopía ecológica: es una necesidad urgente, un derecho humano que atraviesa nuestra salud, nuestra dignidad y nuestras posibilidades de futuro.
Desde hace más de medio siglo, el vínculo entre el ambiente y los derechos humanos comenzó a reconocerse formalmente. En 1972, la Declaración de Estocolmo señaló que todas las personas tienen el derecho fundamental a condiciones de vida adecuadas, en un ambiente cuya calidad les permita vivir con dignidad y bienestar. Sin embargo, no fue sino hasta hace muy poco que ese principio adquirió verdadero peso jurídico. En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 48/13, que reconoce por primera vez a nivel global el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible (United Nations Human Rights Council – UNHRC, 2021). Y en julio de 2022, la Asamblea General de la ONU reforzó esa declaración con una votación abrumadora: 161 países alzaron la voz a favor (United Nations General Assembly, UNGA, 2022).
Ese reconocimiento no es solo un gesto diplomático; es, como lo llamó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una victoria para las personas y para el planeta. Porque cuando se reconoce este derecho, los Estados adquieren una obligación: deben proteger y restaurar la salud del entorno, no solo por razones ecológicas, sino porque hacerlo es una forma directa de cuidar la vida de las personas y las comunidades (UNDP, 2022).
Y es que el medio ambiente no es un paisaje bonito de fondo: es el aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo donde cultivamos nuestros alimentos. Cuando estos se contaminan, no solo sufre la naturaleza: se desploma la salud, se profundiza la pobreza, se rompe la esperanza. Las personas más vulnerables—niñas, adultos mayores, pueblos indígenas—son quienes más lo resienten. Pensémoslo con una imagen sencilla: una familia agricultora siembra una semilla con ilusión, pero si la tierra está contaminada, esa esperanza se marchita antes de nacer.
Este derecho también tiene implicaciones jurídicas profundas. Al ser reconocido a nivel internacional, abre la puerta para que quienes se ven afectades por la degradación ambiental puedan presentar demandas legales, exigir responsabilidades y detener proyectos destructivos. No es teoría: ya ha sucedido. En los Países Bajos, el caso Urgenda obligó al gobierno a reducir sus emisiones en cumplimiento de sus obligaciones climáticas. En Ecuador, la Constitución otorga derechos a la naturaleza misma, lo que ha permitido frenar actividades mineras que amenazaban ecosistemas frágiles (Tang & Spijkers, 2022). Y en Costa Rica, uno de los países que lideró la resolución de la ONU, este compromiso tiene raíces culturales: aquí se entiende que proteger los bosques, los ríos y la biodiversidad es también proteger a quienes habitan el territorio.
Claro, reconocer un derecho no garantiza su cumplimiento automático. Aunque existe un respaldo global sin precedentes, su aplicación es desigual. En algunos países, aún se considera una “declaración de buenas intenciones” sin fuerza legal. Para que este derecho se traduzca en una realidad palpable, se necesita voluntad política y acción sostenida. Hacen falta leyes claras, sistemas de justicia accesibles y, sobre todo, participación ciudadana. No se trata solo de que los gobiernos legislen desde sus escritorios: las comunidades deben tener voz en las decisiones que afectan sus territorios (Perkumienė et al., 2020).
El derecho a un medio ambiente sano nos pertenece a todas las personas, no solo a activistas o juristas. Nos toca en lo más cotidiano: cuando elegimos cómo nos transportamos, qué compramos, a qué causas nos unimos. Cuidar el ambiente es cuidar la chispa misma de nuestra humanidad. Es pensar en las niñas y niños de hoy y en las generaciones que aún no han nacido. Es entender que la justicia social y la justicia ambiental no están separadas, sino entrelazadas como raíces de un mismo árbol.
En definitiva, este derecho es una semilla de esperanza. Pero como toda semilla, necesita tierra fértil, agua constante y cuidado colectivo para crecer. Sembrarlo es sencillo; hacer que florezca requiere compromiso, empatía y coraje. Y en ese esfuerzo, también nos transformamos: nos convertimos en guardianes de un mundo donde vivir con dignidad no sea un privilegio, sino una certeza compartida.
Referencias
Perkumienė, D., Pranskūnienė, R., Vienažindienė, M., & Grigienė, J. (2020). The right to a clean environment: Considering green logistics and sustainable tourism. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3254. https://www.mdpi.com/1660- 4601/17/9/3254
Tang, K., & Spijkers, O. (2022). The human right to a clean, healthy and sustainable environment. Chinese Journal of Environmental Law, 6(1), 87–107. https://pure.eur.nl/files/99172065/The_Human_Right_to_a_Clean_Healthy_and_Sustainable_Environment.pdf
United Nations Development Programme (UNDP). (2022, July 29). Historic UN resolution recognizes healthy environment is a human right. https://www.undp.org/blog/historic-un- resolution-recognizes-healthy-environment-human-right
United Nations General Assembly (UNGA). (2022, July 28). Resolution A/76/L.75: The human right to a clean, healthy and sustainable environment. https://sdg.iisd.org/news/unga-recognizes- human-right-to-clean-healthy-and-sustainable-environment
Erika Alvarez
Máster en derechos humanos y educación para la paz y especialista en Género y desarrollo sostenible.
