Hasta cuándo debemos soportar la «permisología» que impide aprovechar las grandes oportunidades de desarrollo en nuestro país. Los proyectos de inversión, cruciales para generar empleo y mejorar la calidad de vida, se ven paralizados por una red de trámites lentos y, en ocasiones, arbitrarios. Un informe de la Sofofa y la U. de Chile revela que el costo económico de las demoras en la evaluación ambiental supera los US$ 2 mil millones, afectando a 122 proyectos y a casi 50 mil empleos potenciales.
En el sector de la construcción, las Direcciones de Obras Municipales (DOM) son señaladas por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la plataforma TOCTOC como responsables del 73% de los retrasos en la obtención de permisos. La Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en 21 comunas, evidenciando demoras y rechazos que contravienen la normativa vigente. Expertos atribuyen estos problemas al temor de los funcionarios a ser sancionados, una «maraña normativa» y hasta la presión de los alcaldes. Entre 2012 y 2022, hubo 140 sanciones a directores de obras, lo que genera una extrema cautela y un miedo a firmar que paraliza los proyectos. Aunque los alcaldes no deberían tener una incidencia decisiva en estos trámites, algunos pueden ejercer presión si un proyecto no es del gusto de los vecinos, a pesar de cumplir con la normativa.
En la minería, los plazos de tramitación también se disparan. Un nuevo monitor de la Comisión Nacional de Productividad (CNEP) señala que permisos como las concesiones marítimas de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas demoran en promedio 53 meses, muy por encima de los 30 meses del año anterior. La Dirección General de Aguas (DGA) también concentra la mayor cantidad de autorizaciones con plazos excesivos, con resoluciones para obras hidráulicas que tardan 39 meses y autorizaciones para cambios de punto de captación que promedian los 24 meses, con un alto porcentaje de rechazos.
La situación es crítica y afecta incluso a megaproyectos. Un ejemplo: una empresa solicitó suspender en Magallanes el trámite de su iniciativa de hidrógeno verde hasta 2027, debido a una avalancha de observaciones que exigen nuevos estudios técnicos y de terreno. Observaciones de organismos como la Conadi y el Consejo de Monumentos Nacionales, aunque necesarias, en ocasiones pueden generar exigencias desproporcionadas que traban el desarrollo. Un ejemplo de esto es la solicitud de transcripciones de entrevistas o la consideración de hallazgos arqueológicos, que requieren campañas de terreno adicionales que dependen de factores estacionales, como las condiciones meteorológicas.
Ya contamos con la ley de permisos sectoriales, pero ahora la urgencia está en el reglamento que permita su correcta y oportuna aplicación. Es crucial que los proyectos se tramiten con sentido de urgencia y libres de ideologías, siempre que no contravengan la normativa vigente. Además, se debe incorporar prontamente al Consejo de Monumentos Nacionales, para que los hallazgos arqueológicos e históricos sean abordados con agilidad, evitando así dilaciones innecesarias que perjudican el desarrollo. Es imperativo concentrar los esfuerzos de mejora en los procesos más críticos para lograr reducciones sustanciales en los tiempos de tramitación.
Carlos Rubilar Camurri
Asesor en Asuntos Hídricos y Sostenibilidad
