Sostenibilidad 2026: La transición pasa de la promesa a la «obra gruesa» en Chile y LatAm

Resumen:

Finanzas Climáticas: Las normas ISSB se vuelven el estándar de facto en la región tras la obligatoriedad en Brasil este 2026.

Hidrógeno Verde: Chile inicia la Fase 2 del Plan de Acción (2026-2030), pasando de pilotos a construcción de infraestructura mayor en Magallanes.

Ley REP: Se endurecen las metas de recolección y la SMA focaliza su fiscalización en Grandes Consumidores Industriales.

Geopolítica: Turquía se confirma como sede de la COP31, reorientando la agenda del Sur Global hacia Europa/Asia.

Si el 2025 fue el año de la diplomacia climática y la euforia amazónica con la histórica COP30 en Belém, este 2026 amanece con un mandato único e intransable: ejecución.

El panorama de sostenibilidad en América Latina ha dejado de ser un ejercicio de planificación estratégica para convertirse en una carrera de ingeniería, infraestructura y estandarización financiera. Al iniciar la segunda mitad de la década, Chile y la región enfrentan la «etapa dura» de la transición energética y ecológica. Ya no basta con declarar intenciones; en 2026, los inversionistas, reguladores y comunidades exigen ver las palas en el terreno y los riesgos climáticos cuantificados en los balances.

1. El «Efecto Brasil» y la estandarización ISSB

La resaca de la COP30 ha dejado una huella indeleble en la gobernanza corporativa regional. Brasil, tras liderar la cumbre, ha exportado un modelo de exigencia que ya impacta las bolsas de Santiago, Bogotá y Lima.

La gran disrupción de este enero es la consolidación de las normas ISSB (International Sustainability Standards Board). Lo que comenzó como una recomendación, en 2026 se perfila como el estándar obligatorio para acceder a capital de calidad.

El Hito Regulatorio: Basado en la Resolución CVM 193, Brasil ha hecho obligatoria la adopción de las normas NIIF S1 y S2 para empresas cotizadas a partir del 1 de enero de 2026.
Impacto en Chile: Esto genera un efecto cascada. Las empresas chilenas (IPSA) enfrentan una presión inédita por la doble materialidad financiera. Quien no cuantifique el riesgo climático en dólares en sus memorias de este año, pierde competitividad crediticia frente a sus pares regionales.

2. Hidrógeno Verde y Litio: De la estrategia a la construcción

A nivel local, Chile entra en una fase crítica de su desarrollo energético. Con el cambio de mando presidencial programado para marzo, la política de Estado se pone a prueba en el terreno.

El despegue industrial del H2V

El Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 entra oficialmente en su segunda etapa: el despliegue industrial.

Adiós a los pilotos: Este año se esperan los primeros movimientos de tierra significativos para infraestructura habilitante (puertos y desaladoras compartidas) en la Región de Magallanes.
Financiamiento: Se activan las ventanas de facilidades financieras diseñadas para reducir el costo de capital (Greenium), cruciales para competir con los subsidios del hemisferio norte.
El desafío: El sector observa con cautela la «permisología». 2026 es el año en que los anuncios de inversión deben transformarse en grúas operando para no perder la ventana de oportunidad global.

Litio y Licencia Social

Paralelamente, la industria del Litio enfrenta su propio año de la verdad. Los modelos de alianza público-privada firmados anteriormente deben demostrar ahora su viabilidad operativa. La licencia social en 2026 se negocia con estándares de participación comunitaria mucho más altos, donde el valor compartido ya no es filantropía, sino un requisito pre-operacional.

3. Ley REP 2026: Fin de la marcha blanca

Para el sector empresarial chileno, el foco de tensión regulatoria inmediata es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Tras los periodos de entrada gradual, 2026 marca un punto de inflexión en las metas de recolección y valorización de envases y embalajes.

Según el cronograma del Decreto Supremo Nº 12, este año:

Aumentan las Metas: Los porcentajes de recuperación exigidos suben, obligando a triplicar esfuerzos en recolección domiciliaria selectiva.
Menos Flexibilidad: Se reducen las holguras para cumplir metas mediante «materiales equivalentes», exigiendo gestión específica por subcategoría (vidrio, cartón, plástico, metal).
Fiscalización SMA: La Superintendencia del Medio Ambiente ha anunciado que el foco 2026 estará en los Grandes Consumidores Industriales y la trazabilidad real, para evitar el «lavado de imagen» en el reciclaje.

4. Gobernanza: SBAP y la ruta a la COP31

Finalmente, la puesta en marcha operativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) añade una nueva capa de complejidad técnica a los proyectos de inversión. La delimitación precisa de áreas protegidas y la gestión de cuencas críticas serán temas de debate obligado durante el primer semestre.

En la arena internacional, la diplomacia climática mira hacia Oriente. Con la confirmación de Turquía como sede de la COP31 a finales de año —tras la disputa geopolítica con Australia—, Latinoamérica buscará mantener la voz del Sur Global en la agenda. El objetivo regional será vigilar que los compromisos de financiamiento logrados en Brasil no se diluyan en la burocracia internacional.

🔎 Preguntas Frecuentes

¿Qué cambia para las empresas chilenas con las normas ISSB en 2026?

Aunque la obligatoriedad directa comenzó en Brasil, las empresas chilenas que buscan inversión extranjera deberán reportar sus riesgos climáticos bajo estándares financieros (NIIF S1 y S2) para no quedar fuera de los portafolios globales que exigen comparabilidad regional.

¿Cuáles son las metas de la Ley REP para 2026?

El 2026 inicia una etapa de escalamiento. Las metas varían por material, pero se eliminan flexibilidades iniciales. Las empresas deben asegurar la trazabilidad completa, ya que la SMA fiscalizará no solo la declaración, sino el reciclaje efectivo de los residuos declarados.

¿Cuándo se verán las obras del Hidrógeno Verde en Chile?

Según el Plan de Acción 2023-2030, el año 2026 marca el inicio de la fase de desarrollo industrial. Se espera ver construcción de infraestructura portuaria y plantas de electrólisis a gran escala, especialmente en la zona austral, saliendo de la fase de estudios y pilotos.