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La crisis climática en Chile es una realidad urgente que requiere adaptación, no solo mitigación. Las sequías, incendios y aluviones afectan a todos. Se necesita inversión, planificación a largo plazo y la participación comunitaria para construir un futuro resiliente y seguro.
Chile, un país minero con potencial en energías renovables, busca reducir la contaminación y restaurar suelos. Ha implementado políticas ambientales y tecnologías limpias, pero aún debe mejorar en gestión de residuos y remediación. La legislación, como el Proyecto de Ley Marco de Suelos, es esencial para promover la sostenibilidad y preservar el medio ambiente.
América Latina enfrenta una grave crisis climática que agrava su vulnerabilidad, afectando a millones y exacerbando la inseguridad alimentaria y el desplazamiento. Con un 74% de países en riesgo, es crucial movilizar financiamiento para la adaptación. La región debe integrar resiliencia en su planificación y fomentar soluciones basadas en la naturaleza.
La minería ilegal en América Latina está devastando la biodiversidad y amenaza a defensores ambientales, quienes enfrentan violencia y asesinatos. La COP16 de Biodiversidad destacó la urgencia de actuar. Es crucial mejorar la trazabilidad de minerales, implementar leyes más estrictas y garantizar justicia ambiental para proteger ecosistemas y comunidades vulnerables.
La sostenibilidad se ha convertido en una estrategia clave para líderes empresariales en Chile. El Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) facilita la carbono neutralidad y convierte el impuesto verde en una inversión estratégica. A través de la capacitación del Ministerio del Medio Ambiente, las empresas pueden mejorar su impacto ambiental y reputación.
En un contexto de crisis climáticas y desigualdad, las métricas ESG deben evolucionar para reflejar valores éticos como la igualdad y los derechos humanos. Se proponen siete métricas clave: igualdad de género, derechos humanos, reducción de huella de carbono, uso responsable de recursos, salud laboral, ética empresarial y participación comunitaria, esenciales para una sostenibilidad auténtica.
La Conferencia de los Océanos de la ONU en Niza, 2025, destaca la lucha de Chile contra la contaminación plástica. El país promueve la Ley 21.368 para limitar plásticos de un solo uso y protege el 22% de su territorio marino. La participación ciudadana y acciones sostenibles son cruciales para el éxito de estos esfuerzos.
En 2025, la Región Metropolitana enfrenta una crisis de polución con 4.800 muertes prematuras anuales y un costo de US$5.000 millones. Las medidas incluyen la prohibición de calefactores a leña, restricciones vehiculares y acciones industriales. La solución requiere políticas accesibles junto con fiscalización estricta y tecnología para un aire más puro.
La economía circular en Chile ha evolucionado de un concepto aspiracional a una realidad impulsada por leyes, como la Ley REP, y la innovación del sector privado. Se buscan minimizar desperdicios y maximizar recursos, destacando la importancia de la colaboración entre gobierno, industria y municipios para un desarrollo sostenible y competitivo.
El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, enfatiza la importancia de proteger nuestro planeta. En 2025, el enfoque será la crisis de residuos plásticos, con Corea del Sur como anfitrión. Los desafíos ambientales, como el cambio climático y la contaminación, son urgentes en Chile, donde se requiere acción colectiva y cambio de hábitos.
El aumento de asentamientos ilegales en Chile ha generado serios problemas ambientales, como contaminación del suelo y riesgos para la salud pública. Con más de 120.000 familias en campamentos informales, la situación se agrava por actividades mineras, agrícolas y residuos electrónicos. La gestión y remediación son esenciales para preservar la biodiversidad y promover un desarrollo sostenible.
Chile enfrenta una crisis hídrica severa, caracterizada por sequías recurrentes y glaciares en disminución, impactando el consumo y la energía. La inequitativa distribución del agua y un modelo legal obsoleto han exacerbado conflictos. Se requieren reformas urgentes en la gobernanza del agua y políticas de adaptación al cambio climático para asegurar un futuro sostenible.
