La Región Metropolitana de Santiago vive un presente alarmante. La llamada megasequía –una crisis hídrica prolongada que ya suma más de una década– se ha transformado en la nueva normalidad climática de la capital chilena. Mientras tanto, el país impulsa con fuerza una ambiciosa estrategia para liderar la producción de hidrógeno verde a nivel global. ¿Es compatible este desarrollo energético con la grave escasez de agua que enfrenta Chile? ¿Estamos transitando hacia una matriz sustentable o creando nuevas tensiones sobre los mismos recursos naturales?
El rostro de la escasez: Santiago en tensión
Mayo de 2025 confirma lo que científicos y académicos vienen alertando: la aridez de la zona central de Chile no es un fenómeno pasajero. Las lluvias han disminuido de forma sostenida durante décadas, y los embalses se encuentran bajo presión constante. El retroceso glaciar, que durante siglos actuó como fuente de agua en épocas secas, está reduciendo su aporte con rapidez.
La megasequía ha forzado a planificar racionamientos, a depender de camiones aljibe en zonas rurales y a repensar toda la estrategia de gestión hídrica del país. La disponibilidad de agua ya no puede abordarse con medidas coyunturales; se requiere una transformación estructural en la forma en que se gestiona este recurso vital.
El Dr. Pablo García-Chevesich, hidrólogo chileno y asesor de Naciones Unidas, ha sido claro en su diagnóstico:
“Chile debe entender que el agua no es infinita ni garantizada. Estamos frente a un cambio estructural del clima, y sin una reforma profunda del Código de Aguas y de la planificación territorial, seguiremos agravando esta crisis”.
Hidrógeno verde: ¿salvación energética o presión hídrica?
Mientras la capital lidia con la escasez, el norte y el sur del país experimentan un auge de proyectos para producir hidrógeno verde: un combustible limpio generado a partir de energías renovables y agua mediante electrólisis. La promesa es alentadora: reducir las emisiones globales, crear empleo y convertir a Chile en una potencia energética limpia.
Sin embargo, este proceso exige un insumo crítico: agua. La producción industrial de hidrógeno verde requiere millones de litros, lo que ha despertado cuestionamientos desde diversas organizaciones sociales, particularmente en regiones áridas como el norte de Chile.
La respuesta oficial ha apuntado al uso de desalinización o tratamiento de aguas servidas para abastecer los procesos, pero las implicancias ambientales de estas soluciones tampoco son menores. La descarga de salmuera al mar, el consumo energético de las plantas desalinizadoras y el impacto sobre los ecosistemas marinos deben considerarse con precaución.
Las comunidades, en el centro del debate
Los territorios donde se ubican los megaproyectos también han comenzado a organizarse. Comunidades indígenas del norte, como el pueblo Chango, han expresado su preocupación por la falta de consulta previa y la afectación de sus territorios ancestrales. La producción masiva de energía solar y eólica también requiere grandes extensiones de tierra, lo que podría generar tensiones con la biodiversidad local y los derechos de uso tradicional del suelo.
Desde el Estado, se han anunciado avances en planificación estratégica. El Plan de Acción de Hidrógeno Verde publicado en 2024 incluye lineamientos para el desarrollo sustentable de la industria, y CORFO ha desplegado instrumentos financieros para atraer inversión bajo estándares ambientales.
Pero muchos expertos coinciden: no basta con la regulación. Es necesario garantizar participación vinculante de las comunidades, evaluaciones ambientales estrictas y mecanismos de monitoreo ciudadano para evitar que esta transición energética se convierta en una nueva fuente de conflicto socioambiental.
¿Futuro sostenible o espejismo verde?
Chile está en una encrucijada: cuenta con el potencial renovable para liderar el hidrógeno verde a nivel mundial, pero enfrenta una crisis hídrica que amenaza su sostenibilidad básica. La pregunta ya no es si puede hacerlo, sino cómo hacerlo sin sacrificar su agua, su biodiversidad ni la justicia territorial.
El desarrollo sostenible exige coherencia. No basta con generar energía limpia si para ello se deterioran otros ecosistemas críticos. Como concluye el académico, investigador en sostenibilidad territorial y ex-ministro del Medio Ambiente, Dr. Marcelo Mena:
“Debemos elegir un modelo de transición que no repita los errores extractivistas del pasado. La energía del futuro no puede construirse sobre territorios que quedan sin agua”.
Chile tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de demostrar que es posible impulsar una industria verde sin comprometer la vida de su gente ni la salud de sus ecosistemas. La sostenibilidad, en definitiva, es una promesa que solo se cumple con equilibrio, justicia y responsabilidad colectiva.
