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América Latina enfrenta desafíos climáticos significativos, como la crisis hídrica en Chile y la deforestación en la Amazonía, mientras algunos países implementan políticas innovadoras. Chile lidera en energías renovables, contrastando con la inacción en Argentina. A pesar de estos retos, existen soluciones efectivas que están siendo adoptadas en la región.
Chile, líder en producción de cobre, enfrenta una crisis hídrica exacerbada por la minería, que demanda el 70% del agua en el Desierto de Atacama. La privatización del agua y la dependencia de la desalación generan conflictos socioambientales. Se requiere una nueva gobernanza para priorizar los derechos humanos y el bienestar comunitario.
La narrativa sobre el cambio climático ha cambiado a una emergencia actual, especialmente en Chile y Latinoamérica, donde sequías y pérdida de biodiversidad son críticas. Chile enfrenta retos en sectores vitales, pero impulsos innovadores y políticas como la Ley de Cambio Climático avivan la esperanza de un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
Ayer 14 de agosto, Chile anunció nuevas medidas para mejorar su gobernanza ambiental, incluyendo una norma de emisión más estricta para fundiciones de cobre, la protección de humedales como Estero Reñaca y una actualización del Reglamento de Emisiones. Estas iniciativas buscan garantizar la salud pública y la sostenibilidad ecológica, marcando un avance significativo hacia un desarrollo equitativo.
Chile ha sido seleccionado para integrar el Comité Permanente de la Convención de Ramsar, reafirmando su compromiso con la conservación de humedales. La propuesta de cuatro humedales en la Región de Atacama para ser reconocidos como Sitios Ramsar destaca su importancia ecológica y la necesidad de enfrentar amenazas como la urbanización y la contaminación.
Chile enfrenta una crisis ambiental crítica que requiere atención urgente, incluyendo escasez hídrica y contaminación por plásticos. A pesar de estos desafíos, surgen iniciativas innovadoras en sostenibilidad impulsadas por el sector privado. La colaboración entre sectores es vital para construir un futuro más sostenible, con el 2025 como un posible punto de cambio.
Julio de 2025 marcó un momento clave para la sostenibilidad global, con decisiones judiciales históricas y alarmantes indicadores ecológicos. La CIJ reafirmó el derecho humano a un medio ambiente saludable, implicando responsabilidades legales. La transición energética avanza, pero enfrenta desafíos. Se requiere acción urgente en América Latina para abordar el cambio climático y la biodiversidad.
El Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el PNUD han publicado "Transición Socioecológica Justa", una herramienta esencial que promueve un diálogo inclusivo sobre sostenibilidad en el país. El documento examina sus fundamentos, avances y desafíos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abogando por un desarrollo justo y sostenible.
La Ley de Permisología en Chile busca agilizar las inversiones simplificando trámites. A pesar de la resistencia y apelaciones contra su constitucionalidad, fue aprobada. No obstante, existen preocupaciones sobre el equilibrio entre la inversión y la protección ambiental, especialmente ante tiempos crecientes para la obtención de permisos ambientales.
Santiago enfrenta una grave escasez hídrica debido a más de una década de megasequía, impactando la agricultura y el suministro de agua. Con un descenso del 56% en el caudal del Río Maipo, el riesgo para las reservas de agua es alto. Se requieren medidas urgentes para gestionar el agua de manera sostenible y resiliente.
Santiago enfrenta una crisis de contaminación del aire debido a las bajas temperaturas, que agravan la inversión térmica y el uso de calefacción a leña. Esto provoca niveles peligrosos de PM2.5, afectando la salud pública y la economía. Aunque existen planes de descontaminación, se requiere un enfoque multifacético para lograr un cambio real y duradero.
El derecho a un medio ambiente sano es fundamental para la dignidad y el futuro de las personas. Este fue reconocido globalmente por la ONU en 2021 y 2022, creando obligaciones para los Estados de proteger el entorno. Sin embargo, su implementación desigual requiere voluntad política y participación ciudadana para florecer.
