Como ya es costumbre en cada inicio de un nuevo ciclo político, estamos entrando en el debate de una reforma tributaria, en este caso como parte de una megarreforma. Lo que nos ha venido mostrando la realidad es que es necesario controlar el gasto público, y la expectativa es que esto se alcance sin ver afectados los programas y servicios sociales que recibimos los chilenos por parte del Estado; ambas cuestiones están en juego en este nuevo proceso.
El impacto de las medidas tiene distintas dimensiones. Preocupan principalmente las repercusiones que podría producir en los municipios del país, pues podrían incrementar las brechas de capacidad y de servicios municipales ampliamente conocidas por la ciudadanía.
La cruda realidad del financiamiento municipal en Chile
El centralismo chileno no es solo político, es profundamente económico. Para entender la magnitud del problema, cabe revisar los datos del Centro de Sistemas Públicos:
- Gasto público local: Mientras que en la OCDE los municipios participan del 20% al 30% del gasto público, en Chile sólo alcanzan entre un 6,1% a 6,7%.
- Crisis financiera: Aproximadamente el 70% de los municipios —es decir, unos 250— enfrentan graves problemas de financiamiento. Esto nos habla de un país altamente centralizado e inequitativo, en términos no sólo sociales sino territoriales.
Desigualdad per cápita entre comunas
En Chile hay municipios que administran más de $1.200.000 per cápita y otros menos de $250.000, teniendo exactamente las mismas responsabilidades. Ambos extremos deben entregar servicios esenciales como:
- Aseo y ornato.
- Tránsito y seguridad pública.
- Diseño y formulación de proyectos de infraestructura.
- Administración de salud primaria y educación.
- Planificación territorial.
Muchas de estas tareas las vemos diariamente en cada comuna, pero con estándares de calidad que evidentemente son distintos, en muchos casos deficitarios, para ciudadanos que supuestamente merecen un mismo trato.
El impacto de la exención de contribuciones
En lo que se ha anunciado respecto de la exención de pago de «contribuciones» (impuesto territorial), las cifras encienden las alarmas:
Se proyecta un déficit del 35% en el aporte al Fondo Común Municipal (FCM), lo que equivale a una pérdida neta de US$ 70 millones.
Esto se debe a que el Estado repondrá sólo US$ 130 millones de los US$ 200 millones anuales que se dejarán de percibir para dicho fondo. Dinero que, además, se reestablecerá con impuestos generales, aumentando así la carga fiscal global.
El debate de las cifras continuará, pero desde otra óptica. Pareciera que, tal como en el debate de pensiones, el problema de fondo es la solidaridad. Definida por la RAE como el “principio político basado en la existencia de valores, objetivos, intereses y vínculos de interdependencia comunes”, esta noción está implícita en los instrumentos comprometidos en esta parte de la reforma.
Una medida universal sin focalización
Por una parte, se propone eximir de forma universal a los adultos mayores del pago de contribuciones, un gravamen que involucra la idea y el valor de “ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin”. En efecto, las contribuciones nos permiten a todos disfrutar de mejores ciudades y espacios públicos, mejorando la convivencia y la calidad de vida.
Al no existir una focalización en la clase media, se estará beneficiando a personas de altos ingresos que sí pueden hoy aportar para que ellos y otros puedan disfrutar de las prestaciones descritas y, así, desarrollarse.
El Fondo Común Municipal: El pilar de la solidaridad territorial
Tal como lo ha manifestado la Asociación Chilena de Municipalidades, se vislumbra un detrimento en el Fondo Común Municipal, la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales en Chile. Este instrumento está fuertemente marcado por el principio de solidaridad territorial.
- Dependencia crítica: Algunas municipalidades tienen una dependencia de más del 90% de este fondo para cubrir sus costos operativos básicos.
- ¿Cómo funciona este pilar?: Las comunas que más recaudan destinan un alto porcentaje de sus ingresos para que otras —que no tienen viviendas que paguen contribuciones (están exentas), ni un gran parque vehicular (permisos de circulación), ni un fuerte desarrollo inmobiliario (permisos de edificación) o comercial— puedan financiar su operación.
Es necesario precisar que, aun sin esta reforma, el sistema de financiamiento municipal ya presenta, según la OCDE, altos niveles de centralización y desigualdad en comparación con el resto de los países miembros.
Conclusión: La solidaridad no es el problema, es el camino
Existen múltiples diagnósticos sobre los altos niveles de desconfianza, desapego y desafección de la ciudadanía en Chile, tanto entre las personas como frente a las instituciones. Esta situación trae consigo la pérdida de vínculos virtuosos, la alta irritación que vivimos y la violencia a la que nos enfrentamos.
Uno de los antídotos más relevantes para cambiar esta situación es que nos sintamos parte de una sociedad que nos cuide, proteja y acompañe en nuestras trayectorias vitales.
Para ello, es primordial potenciar y promover políticas públicas que refuercen el lazo social y el principio de la solidaridad, tal como lo hacen las contribuciones y el Fondo Común Municipal. Debemos tener la convicción de que, para alcanzar los niveles de prosperidad y libertad plenas que anhelamos, la solidaridad no es el problema, sino el camino.
Gonzalo Vial Luarte
Fundador y director ejecutivo de Fundación Huella Local. Geógrafo y Magíster en Política y Gobierno, Profesor de Desarrollo Local PUC. Reconocimientos: Catalyst Bloomberg New Economy y Ashoka Fellow.